La decisión gubernamental de poner en vigencia en pocos días una ley inviable y que lleva varios años en suspenso, provocó la furia de los transportistas, con dificultades de agremiación pero con decisión a la hora de plantarse cuando se tocan sus intereses.

Es la zona de Puerto Quequén nuevamente, el foco inicial de un conflicto que se está extendiendo a toda la Provincia y se estima que en poco tiempo, al resto del país.

La entidad que tomó la bandera de la defensa sectorial es ATCADE (Asociación de Transportistas de Cereales y Oleaginosas por sus Derechos), comandada por el referente histórico, Miguel Aguilar.

Este viernes, los piquetes se están realizando en las rotondas de acceso a Daireux, Tres Arroyos, Balcarce, Tandil, Lobería, Trenque Lauquen, Cnel. Suárez, y varias ciudades más.

Como otras tantas medidas de la actual gestión nacional y provincial, la puesta en rigor de una normativa tomó por sorpresa a todos los miembros de la cadena agroexportadora.

La letra impresa de la disposición procura restringir la circulación de vehículos de transporte de carga de cierta antigüedad con el objeto de no dañar el pavimento de las rutas.

Lo que se esconde atrás es una maniobra comercial ciertamente llamativa: obliga a quienes quieran seguir en el rubro del transporte de carga a modernizar sus unidades, en lo posible 0 kilómetros, actualmente de valores inalcanzables para un pequeño transportista.

Si bien circuló la noticia de la suspensión de la normativa por unas semanas, los transportistas quieren seguridades y con razón. Sus camiones, algunos vetustos pero útiles para los fletes de corta distancia, tienen valores similares a un automóvil remisse o taxi, obviamente en mayor escala.

En caso de que la normativa entre en vigencia, su pequeño capital y herramienta de trabajo perdería totalmente el valor de mercado ante su inutilidad laboral.

Una versión de última hora señalaba que se estaría estudiando la puesta en práctica de líneas de crédito blandas para acceder a nuevas unidades, subsidiadas por el Estado.

Para los transportistas esto sería inviable, imposible de llevar a la práctica en el corto plazo ¿Un camionero de 60 años de edad calificaría para un crédito oficial a 20 años por más de dos millones de pesos?

Mientras tanto, en la rada de Puerto Quequén decenas de buques graneros esperan impacientemente ingresar a las terminales portuarias para su carga de cereales. Cada día extra de espera son centenares de miles de dólares que pierden las empresas marítimas y exportadoras, como la multinacional Cargill, muy nerviosa por estos días.

Un detalle a tener en cuenta es que la normativa que despertó la furia de los transportistas es alentada desde el Ministerio de Transporte de la Nación, una repartición cuyo titular es Guillermo Dietrich.

¿Le suena el apellido? Sí, es uno de los dueños de la cadena de concesionarias Dietrich de Volkswagen Argentina, que venden camiones 0 km y usados en todo el país, por supuesto aptos para circular. Hecha la ley, hecha la trampa.