El complejo, que incluirá un salón de eventos de 1.200 metros cuadrados frente al mar, genera malestar en la comunidad, que cuestiona la transparencia de las concesiones otorgadas durante la gestión de Arturo Rojas. Vecinos han denunciado que la construcción reduce significativamente el espacio público disponible en la playa, especialmente durante la marea alta, dejando apenas dos metros de arena entre la edificación y el agua.

La organización Necochea Ambiental condenó enérgicamente el proyecto, señalando que el Municipio permite la privatización de un espacio que, por ley, debe permanecer accesible para todos los ciudadanos. En redes sociales, usuarios expresaron su indignación.

“Toda esa playa se perdió para la gente común. Pusieron un tinglado de cemento para fiestas y privatizaron no solo la playa, sino también la calle cero. El que no lo ve es un necio,” escribió Ana Montanaro.

El problema se agrava por las condiciones naturales de la zona. Aunque algunos atribuyen el estrechamiento de la playa a fenómenos climáticos como la sudestada, otros advierten que el impacto será más evidente en temporada alta, cuando las mareas sean más intensas.

Desde el ámbito político, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) ha solicitado al Municipio una copia del contrato de concesión y detalles sobre las habilitaciones del balneario.

Según el concejal Rodrigo Irigoyen, es fundamental garantizar que las construcciones y actividades dentro de la concesión respeten las normativas vigentes: “Es importante que el Concejo Deliberante cuente con la información necesaria. Aún no hemos podido acceder a los datos sobre las habilitaciones, y esto genera preocupación respecto a la transparencia del proceso".

El Código Civil argentino es claro: las costas y playas son bienes públicos que no pueden ser privatizados ni obstruidos por emprendimientos privados. La normativa exige un margen mínimo de 15 metros entre la línea de agua y cualquier construcción privada, algo que, según los vecinos, no se está respetando en el caso de Neptuno. Además, la ley faculta a cualquier ciudadano a exigir a las autoridades la desarticulación de obras que limiten el acceso público.

A pesar de las denuncias y la presión social, el Municipio y la provincia han guardado silencio, alimentando las sospechas sobre la falta de controles y la posible connivencia con intereses privados. Mientras tanto, la comunidad de Necochea continúa exigiendo respuestas y la protección del patrimonio natural que distingue a la ciudad.