Delegados afines al exdiputado Pablo Ansaloni hicieron públicas las sospechosas maniobras por parte del titular de la UATRE que llevó a un polémico adelantamiento de elecciones concretado diciembre último en un congreso extraordinario teñido por la violencia y la represión a opositores en un acto que a todas luces roza la ilegalidad estatutaria.

Los herederos de Venegas se encuentran en medio de una batalla campal por la herencia del sindicalista que también se encuentra en manos de la justicia federal y apunta a una larga lista de supuestos testaferros e importantes empresas aparentemente creadas con capitales aportados por el fallecido líder sindical.

Vuelta de campana ideológica

Con un pasado furiosamente antikirchnerista promovido por la conducción del fallecido Gerónimo Venegas, el gremio de los trabajadores rurales dio una vuelta de campana ideológica para sumarse a los aplaudidores que conforman la corte del bufón de la Rosada.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores que conduce José Voytenco perdió fuerza e identidad en la mesa de toma de decisiones del sindicalismo nacional y se ubica como protagonista secundario de la constelación moyanista.

El Partido Fe, nacido de la UATRE, en sus mejores épocas socio minoritario en la coalición macrista logrando representación legislativa tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires, hoy es un sello vacío cuya máxima exponente es la (dudosa) necochense Natalia Sanchez Jauregui, funcional al gobernador Axel Kicillof.

De mal en peor

A la crisis que genera la desconfianza en José Voytenco se suma la pelea que mantiene con el gobierno nacional por el manejo de las pólizas de sepelio en un gremio que cuenta con una masa de afiliaciones que se calcula entre 400.000 y 600.000, lo que convierte esta contratación en una abultada y preciada fuente de recursos. La caja negra del sindicalismo argentino.

Como si fuera poco, la UATRE enfrenta un pedido de intervención por parte de los herederos de Gerónimo Venegas que involucran al gremio en un complejo entramado de testaferros y sociedades anónimas. La denuncia penal apunta al “ocultamiento y usufructo de la porción hereditaria” que le corresponde a una de las herederas. Prestanombres y firmas que hasta ahora permanecían en las sombras.

Cría cuervos...

Una investigación acompañada por su correspondiente denuncia penal por violencia económica, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito avanza en el Juzgado Federal número 10 de CABA contra un nutrido grupo de supuestos prestanombres. La investigación llega al corazón de la UATRE y por estas horas hay un pedido en curso para intervenir el gremio.

Una de sus hijas acusa a personas ligadas al gremio una causa por ocultamiento y usufructo de la porción hereditaria que le corresponde, al tiempo que reveló una dramática situación vivida a pocos meses del fallecimiento de su padre.

De acuerdo a la denuncia en cuestión, el día 14 de julio de 2017 la mujer se encontraba durmiendo en su casa y alrededor de las 20.00 horas en forma intempestiva ingresaron por la fuerza la policía, un cuerpo de médicos, y un comisario quienes le aplicaron una medicina inyectable en su brazo izquierdo, y le dijeron que se quedara tranquila que iba hacer mejor para ella. Posteriormente la internaron en el instituto neuropsiquiátrico "José Ingenieros" (Necochea) donde la introdujeron por la fuerza en una especie de jaula.

Además pesa sobre ella un "bozal legal" que le impide hablar públicamente del tema impuesto por su propia familia.

Según la denuncia a la cual accedimos, la acción se impulsó contra Carlos Alberto Arrieta (uno de los más implicados y cercano al fallecido dirigente), Matías Ciccimarra (mano derecha de Arrieta), Araceli De Robles, Mariano Puente, Martin Puente, Claudio Sergio Trepat (concesionario oficial y representante de BMW Argentina), Valeria Andrea Raele, Lorena Haydeé Raele, Julio Vicente Raele, Rosa María Balza, Haydee Castellano de Raele, Afeando Cecira, Luis Torrens, Julio Roberto Mc Coubrey, Juan Eloy Rodríguez, Guillermo Juan Cristensen, Miriam Ethel García, Jorge Rubén Pirrota, Rubén Darío Vera, y Adrián Beatriz Vico.

A su vez, la presentación se enfoca contra los accionistas, directores, gerentes, representantes legales o responsables de las sociedades y empresas que serían utilizadas para enmascarar el activo sucesorio de Momo Venegas: Covington S.A, House Hoteleria S.A, Vieja Granja S.A, La Calandria S.R.L, Ardero Alimenticia S.A, e Instituto de Seguros S.A.

Allegados al cuerpo de abogados que acompaña a la heredera de Venegas aseguran que la denuncia debió radicarse en CABA ya que dudan de la imparcialidad del Juez Federal de Necochea, Bernardo Bibel, altamente cuestionado por lo actuado en la investigación que impulsó por el pago de coimas a autoridades de Puerto Quequén con dineros provenientes de la "Ruta del dinero K".