Tres décadas después, el escenario parece haber cambiado. El Casino dejó de ser un tema tabú y surge, por primera vez, una posibilidad concreta de revertir su decadencia. Con la aprobación del Concejo Deliberante, la Municipalidad de Necochea avanza hacia la subasta del edificio bajo un esquema institucional y transparente, con la intervención del Colegio de Martilleros, que ya inició el proceso de sorteo del profesional a cargo.

Sin embargo, la discusión volvió a tensarse cuando un sector de la oposición decidió rechazar la iniciativa. Lo que algunos describen como la “Necochea del No” reapareció con su postura habitual: sembrar dudas, advertir riesgos y bloquear cualquier proyecto que implique desarrollo, inversión o generación de empleo.

El rechazo se articula desde un heterogéneo universo libertario cuya punta de lanza está conformada por lo que algunos describen como “idiotas útiles”, funcionales a intereses que rara vez se muestran públicamente. Entre ellos se encuentra un bicicletero —según su propia definición— denunciado por robo de energía mediante un “enganche del poste”; un conocido admirador del nacional‑socialismo alemán que hasta hace poco difundía consignas antisemitas, racistas y xenófobas; una dirigente señalada como traidora por sus propios espacios; un peronista que llegó al Concejo por desgaste interno más que por respaldo político; una referente cuyo único capital es su cercanía a Jimena López; y los autodenominados “buenos vecinos” de la ACT, habituados a oponerse sistemáticamente a cualquier iniciativa del Ejecutivo.

Detrás de ellos, como directores silenciosos de esta orquesta disonante, aparecen los lobistas de siempre: los que prometieron vendetta, los que orbitan alrededor de los negociados y los bolsillos llenos. Los mismos actores de siempre, aunque con nuevos envases.

La experiencia acumulada en torno al Casino deja una conclusión difícil de soslayar: el inmovilismo tiene costos concretos, y esos costos recaen sobre el conjunto de la ciudad. La persistencia de una lógica política basada en posiciones rígidas, consignas repetidas y la negación sistemática de cualquier alternativa no se traduce en una defensa del interés público, sino en la postergación de decisiones clave para el desarrollo de Necochea.

Los concejales que sostienen este enfoque afirman actuar en defensa de la ciudad. Sin embargo, desde distintos sectores técnicos y del propio ámbito institucional advierten que ese accionar termina produciendo el efecto contrario: desalienta inversiones, profundiza la incertidumbre jurídica y frena procesos de crecimiento que podrían generar empleo y oportunidades.

La inseguridad jurídica, coinciden, es una marca que una vez instalada resulta difícil de revertir y cuyos efectos se prolongan mucho más allá de una coyuntura política determinada