En el mes de julio de 1992 y con la firma de Domingo Cavallo y Carlos Saúl Menem, la firma Terminal Quequén SA, único oferente en el llamado a licitación, se quedó con la concesión de la explotación de los elevadores terminales de la ex Junta Nacional de Granos ubicados en puerto Quequén.

La adjudicación se efectúa por el término de 30 años, quedando obligado el concesionario a cobrar una tarifa máxima de 3,50 por tonelada en un todo de acuerdo con las modalidades previstas en la documentación contractual y a abonar al ente licitante (puerto Quequén), en el lugar, forma y oportunidades fijadas contractualmente, un canon de cuarenta centavos de dólar por tonelada.

La empresa está integrada por pesos pesados multinacionales con casa matriz en el exterior, Glencore SA (ahora Viterra), Cofco SA, Bunge SA y por las locales Curcija SA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea, y la Sociedad Rural, entre otros.

Si bien el presidente de la estación marítima, Jorge Álvaro adelantó en un comunicado de prensa que las negociaciones con la empresa para extender los plazos de la concesión corren por buen carril y que fue tema de conversación con el gobernador Axel Kicillof, la diputada Natalia Sánchez Jáuregui presentó un proyecto para que los elevadores vuelvan a manos del Estado Provincial.

De la mano de la Asamblea Popular por la Defensa de la Soberanía del Puerto Quequén el proyecto de Sanchez Jauregui llegó al Concejo Deliberante. Miguel Bayón utilizó la Banca Abierta (que últimamente se ha convertido en una herramienta de las agrupaciones filo kirchneristas) para informar los alcances de la propuesta.

"Esta concesión ha ido en perjuicio de los productores y toda la Nación en su conjunto, dado los abusos de los monopolios privados con las maniobras ocultas y opacas de su actividad; se presenta la oportunidad histórica para los necochenses, para toda la Nación, de recuperar una parte del patrimonio nacional que emerge en la ribera del Quequén y todo ello sin comprometer al Estado a ningun esfuerzo económico", señaló.

"Solo se trata de una decisión política", afirmó Bayón , al tiempo que agregó "una empresa exportadora estatal debe constituirse a nuestro juicio en un testigo soberano para transparentar todas las distorsiones del comercio exterior" y de esta manera establecer un patrón de control sobre la calidad y cantidad del producto que se exporta.

Siguiendo su argumentación, la Asamblea Popular para la Soberanía del Puerto Quequén también sería posible realizar una comparación con las declaraciones juradas de las empresas privadas y así evitar maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas y de paso crear cuadros técnicos y políticos para administrar los bienes del Estado.

Frente a los concejales (que no cortan ni pinchan a la hora de decidir los destinos de las empresas radicadas en Puerto Quequén), los "socios" de la diputada Natalia Sanchez sostuvieron que "el 40 por ciento de las exportaciones realizadas por Puerto Quequén no practicarán subfacturación ni sobrefacturación de importaciones con el objeto de evadir impuestos y atesorar dólares a valor fiscal con destino a la especulación financiera improductiva o a la fuga de capitales hacia sus guaridas fiscales".

Bayón expuso que "también disminuirán los delitos económicos que se puedan realizar por una serie de maniobras como el uso tramposo con los precios de transferencia, el pago por falsos servicios realizados en el exterior, la comercialización entre filiales de una misma empresa y el uso delictivo que suele realizarse con el pago de los derechos de exportación" delitos que podrían disminuir aplicando con rigurosidad y eficiencia los controles de los organismos estatales en las operatorias realizadas en Puerto Quequén, que en su presidencia se apoya la presencia del gobierno provincial.

Pero la frutilla del postre de esta empresa estatal pensada para terminar con la corrupción y los negociados de la cadena agroexportadora es que "será gestionada por patriotas" y en este punto es imposible no pensar en "los patriotas" del kirchnerismo que se llevaron hasta las griferías de los baños públicos como Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, Aníbal Domingo Fernández, Jorge Milton Capitanich y Juan Manuel Abal Medina que comparten causa por el manejo de los fondos de "Fútbol para Todos", Daniel Gustavo Gollán, a quien la Cámara Federal le ratificó su procesamiento por fraude, Julio Miguel De Vido, ex ministro de Planificación Federal y Ricardo Raúl Jaime, Guillermo Moreno, José López (el de los bolsos), Carlos Alberto Martinez, entre otros para no aburrir con una lista interminable.

En la propuesta se establece que el directorio de la Sociedad del Estado estará compuesto por un director ejecutivo, un director y un presidente nombrado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea una nueva “caja” para colocar ñoquis y obtener fondos para la política.

El referente de la Asamblea Popular por la Defensa de la Soberanía del Puerto Quequén, lisa y llanamente se presentó a hacer lobby a favor del proyecto de Natallia Sanchez que se espera tratamiento en la Cámara Bajo y pidió a los concejales que lo acompañen a través de un proyecto de Resolución expresando el beneplácito del Concejo Deliberante de Necochea.

El proyecto de la diputada Sanchez Jauregui

Sánchez Jauregui argumenta su propuesta en que la firma Terminal Quequén SA, además de no contribuir a las finanzas públicas,“realizó muy acotadas inversiones durante los 30 años de explotación” del único elevador que cuenta con “dos sitios de atraque”.

Además, la legisladora puntualizó que “al solo efecto de seguir en la concesión del elevador, la sociedad que lo explota presentó proyectos de inversión, luego de casi 30 años de explotación del elevador, sin haber realizado proyectos y/o inversiones importantes”.

Puerto Quequén: el lobby por la nueva concesión

La diputada afirma que la empresa “se encuentra haciendo un importante lobby en el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén a través de los directores que puso en el mencionado ente para continuar con la explotación del elevador”.

Sánchez Jauregui en concreto señala a Daniel Arce (gerente de la Terminal Ququén SA), Daniel Monjes (secretario general del gremio Terminal Quequén SA), Alejandro Gallegos (director de Glencore SA de la cual es socio) y Mario Goicochea (Cámara de servicios Portuarios).

Cierra los considerandos de su proyecto con un concepto de fuerte contenido político al marcar que “resulta urgente cambiar el sentido, alcances y efectos de la administrador del elevador, sin pena de continuar impávidos, a un desmesurado avance de objetivos estrictamente empresariales y privados, sobre el patrimonio público”.

“Todo ello se agrava, mediante el abusivo ejercicio de la consignación judicial apuntada, traducida en un perjuicio irreparable para las arcas públicas, generando asimismo un verdadero enriquecimiento sin causa para la sociedad que opera el elevador”, agrega.

Sánchez Jauregui también se apoya en la “opinión ciudadana” respecto a un “reclamo constante de los habitantes de las ciudades que circundan el Puerto Quequén por la falta de beneficios por la actividad portuaria, circunstancia agravada por los perjuicios que genera la actividad en el aspecto estructural (rotura de calles) como en el ambiental (polución)”, aunque no explica cómo cambiaría esta condición la estatización de la empresa ni la falta de controles por parte del titular del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jorge Alvaro y los organismos públicos como la OPDS para reducir el impacto ambiental.

Naturalmente, el articulado propuesto por la diputada del Partido Fe abunda en detalles técnicos respecto a la composición, funcionamiento e integración del directorio y de las asambleas, y respecto a las necesarias tareas de fiscalización y estados contables, entre otros puntos formales.

Un punto sensible que está aclarado en la iniciativa parlamentaria presentada por mesa de entradas de la Cámara de Diputados bonaerense es la continuidad laboral de todos los empleados, menos de los jerárquicos que deberán ser indemnizados por la firma saliente.

Con relación a la duración de la sociedad, se establece en 99 años, contados desde la fecha de su inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, mientras que la composición accionaria será un 100 por ciento del Estado provincial.