Fundamentaron la presentación en que dicho acto administrativo es violatorio de básicos principios que hacen al estado de derecho, toda vez que la referida resolución ministerial exige, bajo pena de privar ejercer libremente actos administrativos en reparticiones públicas o privadas, así como de concurrir a centros educativos, eventos sociales, etc. mediante el cuestionado pase que se de a conocer información confidencial y personalísima sobre la salud de las personas.

Asimismo en los considerandos del fallo el Juez Bibel señaló que en este caso “no nos hayamos frente a un acto u omisión de la autoridad pública que implique o bien una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente o una agravación ilegitima de la forma y condiciones en que se cumple una privación de la libertad”.

Por lo cual en la resolución se indicó que su decisión la tomó por “no surgir la existencia de algunos de los supuestos de procedencia del artículo 3 inciso 1 y 2 de la Ley 23.098; con costas a los vencidos”.

Esta claro que en este caso el Poder Judicial interpretar el respeto de los Derechos de todos los ciudadanos.