"Pampa" llegó a la presidencia de Puerto Quequén con cuentas pendientes con la Justicia por evasión de impuestos, según se informó en una investigación periodística, lo que sería un condicionante a la hora de ejercer un cargo público que no fue tal para el gobernador Axel Kicillof a la hora de entregarle la caja más disputada de la política local.

Registra tres juicios en letra iniciados hace varios años y, al mismo tiempo, cuenta con otros tres procesos iniciados por el Juzgado Federal de Mendoza N° 2 por evasión impositiva, con expedientes iniciados en 2004, 2006 y el último en 2007.

También incursionó en el sector privado siendo presidente de una empresa llamada Coral Montajes Eléctricos SA, que al igual que el dirigente, esta firma tiene 14 juicios en el Juzgado Federal de Mendoza, también por evasión impositiva.

Además percibe dos suculentas jubilaciones: una de ellas con domicilio de cobro en el Banco Nación con sede en el barrio Trapiche, ubicado en el departamento mendocino de Guaymallén y la segunda del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

Los números en rojo bermellón

Según el propio Álvaro, el puerto atraviesa una situación muy preocupante, ya que ha registrado una caída del movimiento de cargas, producto de la sequía, la falta de comercialización de granos y el problema cambiario. Además, ha admitido que lleva tres balances a pérdida a pesar de los movimientos récord (7,5 millones de toneladas exportadas a través de 314 barcos). El último balance dio una pérdida de 372 millones de pesos, lo que pone en riesgo la sustentabilidad financiera del puerto.

A pesar de que el funcionario bonaerense llena sus bolsillos sin miramientos y ha sido acusado de llenar el puerto de ñoquis que no se han presentado nunca a trabajar, además de otorgarse beneficios como el uso a discreción de la tarjeta corporativa, el alquiler de un piso en uno de los edificios más exclusivos de Necochea, en una entrevista radial calificó al Consorcio como un "engendro jurídico” y sostuvo que “el Consorcio es una sociedad de fomento para que otros ganen".

Álvaro apuntó contra las empresas multinacionales radicadas en Puerto Quequén, asegurando que "las exportadoras y sus "socios" en el directorio se niegan a aumentar la tasa, parece que quieren fundirnos" y como buen “kumpa” le echa la culpa de los desmanejos en las finanzas del puerto a un crédito, que según dice se lleva la mayor parte de las ganancias. Por su parte, los empresarios del sector lo acusan de ser el peor presidente de la historia.

Profundización y dragado

El crédito al que alude Álvaro fue votado por unanimidad por los actores privados que operan en Puerto Quequén y a su vez es pagado en su totalidad por los mismos sin que se involucre un solo peso público en la operación.

Los operadores portuarios tomaron un crédito a través del CGPQ para realizar una obra de profundización en el canal de acceso en la que ellos mismos son los principales beneficiados. Ese crédito va sin intermediario del banco al fideicomiso y es administrado en su totalidad por la entidad bancaria, tanto sus ingresos como los gastos.

La ignorancia de Álvaro es más notoria mientras más declaraciones realiza, vulgarmente se diría que tiene la boca conectada al esfínter anal ya que cada vez que abre la boca, la defeca. En primer lugar, vale aclarar que el banco BICE (que es un banco del estado prestó una parte del crédito) lo hizo a una tasa más alta que el banco privado (Macro); por otro lado, el puerto no recibió ni una multa o amonestación por parte de los organismos de control por la toma del crédito.

Haciendo historia, la obra de profundización a 50 pies de la terminal portuaria se consideró la más importante desde la creación del Consorcio y convirtió a puerto Quequén en el más profundo de la Argentina logrando uno de los mayores estándares de competitividad, al estar operativo prácticamente los 365 días del año, abriendo la puerta a los resultados que a la fecha Álvaro muestra como una realización personal.

Alta conflictividad gremial

A esto se suma la tensión con los gremios portuarios, que reclaman mejores condiciones laborales y salariales, y que han protagonizado paros y protestas que afectan el normal funcionamiento del puerto. Álvaro ha sido acusado de intentar imponer un modelo flexibilizador y precarizador del trabajo portuario, sin respetar los derechos de los trabajadores.

Como si fuera poco, la gestión de Álvaro ha sido cuestionada por su falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el origen y el destino de los fondos que recibe el puerto, tanto del Gobierno nacional como de organismos internacionales.