Por supuesto que también acuerdan que estas tareas logísticas dependerán en buena medida de los niveles de especialización de la unidad portuaria y de la naturaleza de las mercaderías a transferir.

Otro aspecto de esta evolución es que cada día involucra a mayor cantidad de protagonistas y en lo que a los puertos se refiere, esos protagonistas han pasado a denominarse "comunidad portuaria". Esa comunidad es representativa del conjunto de intereses que concurren al puerto y se integra con las autoridades portuarias, los administradores del puerto, operadores portuarios, transportistas, operadores de la estiba, cargadores, exportadores e importadores, los entes de fiscalización y control, aduanas, organismo de control fitosanitarios, de calidad, inmigración y de seguridad y las autoridades municipales, provinciales, etc.

La competitividad de un puerto se resume en dos factores clave: continuidad en la cadena del transporte y papel activo en la cadena del valor.

En ese contexto, una Zona de Actividad Logística (ZAL) se define como un área industrial o de actividades económicas, generalmente relacionadas a la logística de la mercancía. En otras palabras, la ZAL es el proveedor de una oferta integrada para actividades logísticas (instalaciones más servicios), y a su vez, operador de desarrollo logístico.

En el primer caso, la ZAL representa el nivel más alto de oferta del circuito logístico, por la localización (interrelación con el puerto y con los otros medios de transporte), por diseño interior, por concentración empresarial y sinergias, por nivel de servicios y por la calidad del entorno económico.

En buena cuenta, las ZAL se conciben como ámbitos abiertos al sistema logístico y por tanto sus promotores y gestores deben estar permanentemente atentos a dotarlas de todas aquellas iniciativas (actividades, servicios, externalidades) que puedan contribuir a la mejora de la actividad empresarial logística en su ámbito.

En el segundo caso, es decir, la ZAL como “operador integral de desarrollo logístico”, se está configurando una plataforma de servicios que necesariamente parte de una estrategia gerencial que busque y propicie elevar la competitividad del circuito logístico. De este modo, hoy vemos en el mundo, en los llamados puertos de tercera generación, el desarrollo de actividades de transformación cada vez más elaboradas.

Pero para lograr eso hay que mejorar el management portuario modificando el organigrama de la Gestión Técnica del puerto para que haya un Director Ejecutivo (Executive Director), que sea amplio conocedor del negocio naviero en todos sus aspectos y que se encuentre apoyado por un equipo de profesionales (Executive Staff) realmente capacitado, lo que permitirá el salto cualitativo requerido para acceder a los mayores niveles de desarrollo e inserción en las grandes corrientes del comercio internacional.

Pero no podremos llegar a esto último si el Estado en cualquiera de sus niveles sigue perdiendo calidad institucional, eficiencia y transparencia en la función pública como consecuencia del abandono de la meritocracia siendo esto un fiel desprecio por el servicio público, que además de desalentar a los funcionarios más profesionales, nos priva de tener en importantes cargos a los mejores, sin distinción de orígenes partidarios o de amistad. Nos aleja, en definitiva, de una forma de hacer política basada en el bien común, que es sustituida por otra sustentada en el intercambio de favores a cambio de designaciones.

El apoyo al Gobierno nacional de estar en contra de la ley anti despido parece que fue la moneda de cambio de la designación del presidente de Puerto Quequen, el abogado Arturo Rojas, con un conocimiento nulo del negocio portuario y naviero.

Existen dos principios fundamentales para la selección de un candidato para ocupar un cargo público:

Principio de idoneidad: es condición necesaria para el nombramiento de los servidores públicos tener o reunir las características y condiciones que los faculten para desempeñarse óptimamente en el trabajo, puesto o cargo público, es decir, reunir los méritos que la función demande.

Principio de eficiencia: significa no sólo la realización de los cometidos públicos ("eficacia", como se entiende en la ciencia de la Administración), sino también, llevarlos a cabo de la mejor manera (buena calidad y menores o mínimos costos, por ejemplo).

Con respecto al primer principio, la Constitución Nacional, en el Art. 16, textualmente dice: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Si una persona es designada para ocupar un cargo público, sea político, administrativo o técnico sin reunir el requisito de la idoneidad, el decreto o la resolución del nombramiento del funcionario lleva consigo el vicio de nulidad por transgredir la exigencia constitucional enumerada en el párrafo anterior.

¿Sabe la señora gobernadora si el decreto que firmó para la designación del presidente del Consorcio de Puerto Quequén cumple con la exigencia constitucional?

¿Sabe el presidente de Puerto Quequén que dirigir los destinos de la estación marítima no es becar amigos? Parece que no, el abogado Arturo Rojas hizo ingresar a la institución bonaerense que dirige a hombres y mujeres de su riñón político; lo significativo es que el personal nombrado ingresan en planta permanente y con cargo jerárquico, pese a que algunos no terminaron el secundario y sin ninguna experiencia en la actividad portuaria.

Actitud y deseo para ejercer cargos es lo que sobra, basta con ver la cantidad de postulantes que se presentan en cada elección, muchos de ellos sin conocimiento sobre los desafíos de la función. Aptitud y generosidad para abrazar la gestión pública como un servicio y un magisterio es lo que escasea.

La voz “idoneidad”, según el Diccionario de la Real Academia, denota: “cualidad de idóneo” y a la vez, “idóneo” significa: “adecuado y apropiado para una cosa”. (Real Academia, 1992, p. 1139). Si la idoneidad no existe, todo estará permitido en el ámbito público y nuestro futuro estará en serio peligro.

En toda la administración pública las personas tienen lealtad con quienes conducen las políticas, pero pensar que la lealtad política es condición suficiente y no tiene que ir acompañada de la competencia técnica es absurdo y va contra toda la experiencia internacional, pero en Argentina las designaciones que privilegian criterios de lealtad política antes que de idoneidad parecen ser una práctica habitual en la gestión del Estado argentino desde hace décadas y la experiencia también demuestra que aras de asegurar lealtad se resigna idoneidad las consecuencias pueden ser catastróficas.

Por eso, la política no debe ganarle a la idoneidad. Haber elegido al presidente del Consorcio de Gestión por lo político por encima de la capacidad de gestión que pueda tener basado en conocimientos sólidos sobre la actividad portuaria pone en peligro la continuidad de nuestra estación marítima como puerto de ultramar.

Está en la voluntad política de la señora gobernadora de corregir el rumbo de Puerto Quequén y, de una vez por todas, contar con un presidente de Consorcio totalmente idóneo en el cargo y no utilice el mismo como un trampolín político.

(*) Licenciado en Administración Naviera, egresado de la Universidad de la Marina Mercante, Facultad de Administración y Economía. Maquinista Naval egresado de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano. Cursos de ascenso hasta obtener el título de Maquinista Naval Superior. Perito Naval en Máquinas Navales otorgado por la Prefectura Naval Argentina. Veterano de Malvinas.