En los primeros días de septiembre se abre la licitación para la instalación del parque eólico, a pesar de que la oposición popular, demostrada en una intensa lucha que han llevado los vecinos y ambientalistas.
Tanto el PRO-Cambiemos-FE, como el Frente Para la Victoria-PJ y el FR-UNA han votado por unanimidad en el Concejo Deliberante la entrega de 158 ha de Campo Cipriano, pertenecientes al Parque Miguel Lillo en una línea privatizadora que no cesa de arremeter contra el espacio público y que además, abre la puerta a otros proyectos inmobiliarios que solo benefician a empresas como Centrales de la Costa Atlántica SA.
A esta generadora de energía eléctrica, se lo otorgó dicho predio por 30 años para asentar un parque eólico con un costo de 75 millones de dólares a los que accedería mediante un crédito en el marco del Programa de Energías Renovables del Ministerio de Energías.
Una empresa que desde sus comienzos sirvió para precarizar trabajadores, ya que desde que se constituyó como tal, a través de la Justicia y con la complicidad de la burocracia sindical quitó a los trabajadores el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 e impuso por un Acta-Acuerdo que dio por tierra con conquistas logradas por los obreros sobre todo con respecto a las jubilaciones.
Con estos antecedentes, no sabemos cuántos puestos de trabajo reales ofrece a la ciudad y en qué condiciones.
Además ha servido para traspapelar fondos del Estado, ya que ha funcionado en base a constantes subsidios.
En 2011 recibió, vía Presupuesto de la Provincia, 50 millones de pesos para “financiar la ejecución del parque de generación” de Mar de Ajó y Villa Gesel, obra que anunció Néstor Kirchner en 2006 y propició una transferencia de 150 millones de pesos en 2007, en el marco del Plan Energético Nacional. El plazo de ejecución era 2008, donde se volvieron a destinar desde la Nación 333 millones de pesos más.
Dos años después, Cristina Kirchner vuelve a anunciar obras en Centrales de la Costa, esta vez, por 1000 millones de pesos. En 2012 recibió 200 millones de pesos de “auxilio” para hacer frente a proveedores, cuando posee una acreencia histórica sobre las empresas distribuidoras de energía que subsidia por elevación.
Por otro lado, ha servido para “recompensar” por servicios políticos, por ejemplo a Tomás Hogan, ingeniero agrónomo, ex intendente de Miramar que quedó fuera de la lista de diputados de la quinta sección electoral y a quien nombraron presidente; o Marcelo Bonavita que fuera jefe de gabinete del Partido de la Costa.
Su nuevo presidente, Thierry Decoud, socio del Grupo In White, durante su estadía en el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad, tuvo a cargo la dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo de Edgardo Cenzón.
Y junto al actual ministro de Infraestructura de la Provincia, estuvo involucrado en una llamativa licitación de casi 70 millones de pesos para la construcción de una nueva planta que se encargará del tratamiento completo de materiales reciclables.
Sumado a ello, como broche de oro, Centrales de la Costa Atlántica SA no pagará impuesto inmobiliario, de sellos e ingresos brutos por 15 años.
En el marco del tarifazo, donde el Gobierno quiere hacernos pagar el costo de estos desatinos económicos del que se beneficiaron y siguen beneficiándose la corruptela oficial, el Partido Obrero plantea más que nunca que se abran los libros de las empresas, y llama a los vecinos y ambientalistas a organizarse para impedir este tipo de concesiones que solo son la avanzada de futuros negociados.
