Concejo Deliberante
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Más del 60 por ciento del Presupuesto 2017 será para pagar sueldos

Mucho trabajo no se ve pero los muchachos sostienen que se queman las pestañas en las comisiones.

Se viene el último debate del año en el Concejo Deliberante de Necochea: el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Recursos para el 2017.

Se estima que el 26 de diciembre, con el pan dulce atragantado y los vahos de la sidra en el ambiente, los concejales le darán tratamiento en sesión, aunque es posible que sea necesaria alguna extraordinaria ya que el tema generará un amplio debate.

El Ejecutivo pautó 1.020.748.234,48 para el próximo año, de los que casi la mitad provienen de recursos nacionales y provinciales.

Uno de los puntos más ríspidos en el debate será la abultada tajada que se lleva el gasto de personal ya que 600.484.868,58, es decir más del 60 por ciento del presupuesto van a cubrir sueldos de empleados y planta política.

El Concejo Deliberante tiene destinado un total de casi 30 millones de pesos con un gasto en la planta de secretarios y administrativos, entre otros, de 26.977.345,50 sin contar el sueldo de los ediles a razón de 45 mil mensuales por cabeza, por ahora.

Mucho trabajo no se ve pero los muchachos sostienen que se queman las pestañas en las comisiones.

Otro punto siempre polémico son los recursos destinados al interior del distrito. Por ejemplo la Delegación de Quequén tiene destinado un total de 13.997.903,49 de los que casi su totalidad, 13.258.226,57, están destinados a personal.

El interior del distrito no fue tan afortunado, Juan N Fernández tiene un presupuesto de 5.787.967,64 para el 2017 mientras que La Dulce casi 6 millones, Claraz 2.660.451,27 y Santamarina 3.665.694,01.

Algunas notas de color como para calentarse un poco están relacionadas con las prioridades del Ejecutivo municipal, por ejemplo, al Hospital José Irurzum de Quequén le tocan 2.255.400,00 y para publicidad y propaganda se destinan 5.500.000.

Ronald Reagan dijo alguna vez que el contribuyente es una persona que trabaja para el Gobierno, pero sin cobrar sueldo de funcionario y sin derecho a cuestionar en qué gastan o “invierten” su dinero.

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