En primer término, quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores de prensa que se sintieron afectados por la medida tomada desde el municipio, creo firmemente que cualquier acción que provoque malestar en el desempeño de una profesión es un acto que vulnera derechos.

Aclarado este punto, ¿la eliminación de un grupo de difusión whatsapp puede considerarse una falta grave al ejercicio periodístico y un ataque a la libertad de expresión? No lo creo. Que fue una chicana innecesaria de algún funcionario o empleado del área de prensa, totalmente de acuerdo.

Durante el desarrollo de mi profesión he sufrido todo tipo de situaciones, algunas muy poco gratas como las vividas durante la gestión de Facundo López donde además de cuestionar mi formación e idoneidad como periodista se me agredió y difamó públicamente al punto de que un ex funcionario llegó a llamarme puta en sus redes sociales, acto festejado por sus camarillas de ocasión entre los que se encontraba la actual diputada nacional y autoproclamada adalid de la defensa de género, Jimena López; denunciaron mis notas y artículos como fake news, aunque poco tiempo después la justicia y el Tribunal de Cuentas de la provincia me dieran la razón.

Y siempre estuve sola contra todo porque el Concejo Deliberante no consideró que esas situaciones atentaban contra la libertad de prensa ni contra mi integridad como mujer y periodista (y después vengan a hablar de igualdad de género).

El último intendente que me invitó a través de los canales habituales a una conferencia de prensa fue el radical Daniel Molina durante su primera gestión, a partir de ese momento he sido una paria eliminada de las listas de comunicación, excepto los partes de prensa y el área de protocolo.

No recibo ni he recibido pauta publicitaria del municipio ni tampoco formó ni he formado parte de ningún grupo de whatsapp de medios, ni se me ha enviado jamás un solo informe epidemiológico sobre la situación Covid-19 en nuestro distrito, sin embargo no puedo decir que se haya hecho con mala voluntad o que se me niega el acceso a la información o alguien coarta mi libertad de expresión ya que la información está al alcance de todos a través de diferentes plataformas y el aporte invaluable de nuestras fuentes en cada área del municipio, aunque nobleza obliga, debo aclarar que los funcionarios de esta gestión nunca esquivaron el bulto y siempre respondieron a mis planteos o interrogantes.

Solo hay que buscarla y puedo asegurar que no hay que esforzarse demasiado, es apenas un click en la página oficial del municipio, sus redes sociales o canales de YouTube.

Más de una vez algún funcionario intercedió para que alguna nota molesta sea eliminada, pero tengo la convicción de que lo escrito, escrito está y si lo que se cuenta es información veraz y confirmada por pruebas irrefutables, cada uno es responsable de sus actos (o la ausencia de ellos) y a lo hecho pecho.

Dicho esto, que expreso a modo de contextualizar lo que puede ser uno de los peores escenarios para una trabajadora de prensa, nada me ha impedido ejercer mi profesión libremente, simplemente porque creo fuertemente y con pasión que es a través de la información que publicamos a diario que la democracia se fortalece, que damos al ciudadano las herramientas para ejercer su voto con la libertad que implica el conocimiento.

Pauta si, pautados no

Si bien la pauta publicitaria oficial es un tema que siempre se soslaya en la relación entre los medios y el municipio, en definitiva, es el meollo de la cuestión. Moneda de cambio corriente y mecanismo de presión de doble mano.

Básicamente la ecuación es "si te pago, levanta la pata" o "si no me pagás, te hago mierda", desde el punto de vista del "buen gobierno" debe considerarse como un medio para aquella publicidad de los actos, que Juan Bautista Alberdi definía como la cuenta diaria que los mandatarios dan al país de la gestión del poder y desde el ejercicio ético de la profesión, una de las formas válidas para sostener al periodismo independiente.

En el proyecto de Ley de Publicidad Oficial presentado por Hernán Rossi, diputado de la Unión Cívica Radical en CABA se la define como el acto de informar y/o comunicar efectuado por cualquier dependencia u organismo público central o descentralizado, estatal o con participación estatal, en la vía pública o en cualquier medio de comunicación social a través de un espacio publicitario gratuito o contratado, sin importar el soporte.

Eso es en el mundo idealizado de la letra. En la práctica el Estado (en todos sus estamentos) sostiene económicamente a una impresionante red de medios de comunicación y periodistas a partir de la pauta oficial con el fin de manipular la información.

La realidad es que el mentadísimo y gastado concepto de "libertad de prensa" no le gusta a nadie, molesta, es un grano en el culo de políticos y funcionarios; la libertad de prensa es excelente cuando se habla mal del otro y me dedican los.

Vale como ejemplo la autora del proyecto de resolución que motiva esta nota. En una sesión anterior criticó duramente a los medios de comunicación que dieron publicidad a la situación irregular de su compañera de bancada al inscribirse con una enfermedad inexistente para recibir la vacunación contra el Covid-19 pero ahora, que puede lesionar la imagen del Ejecutivo, defiende con uñas y dientes la libertad de expresión.

El reparto de la pauta oficial en Necochea es un tema escabroso. Si bien esta gestión se ha achicado sustancialmente el gasto publicitario, durante el ejercicio 2020 destinó 25 millones de pesos para pagar la deuda que su antecesor Facundo López dejó con los medios de comunicación y los contratos cerrados con los medios bajaron de manera sensible (y para algunos catastrófica) los montos.

Por ejemplo: un portal digital, acérrimo crítico a la gestión de Arturo Rojas, firmó durante el 2019 un contrato publicitario por 2,4 millones de pesos (que irónicamente fue pagado por la actual gestión), mientras que ahora tuvo que conformarse con 60 mil pesos mensuales por tres meses y dicho sea de paso es uno de los que recibe la mayor pauta del municipio.

También se terminaron avivadas y abusos en el reparto de la pauta y los montos otorgados a una serie de portales digitales que sospechosamente se actualizaban esporádicamente solo con gacetillas de prensa del municipio, parecían clonados y hasta fueron creados el mismo día (20/09/2017) y facturaron más 1,2 millones de pesos.

Hablar con seriedad

Decir que eliminar a 5 periodistas de un grupo de difusión por WhatsApp donde se envía la información que aparece por otros canales, incluso antes que envíen el mensaje, es un ataque a la libertad de expresión es una afrenta a aquellos que en nuestra Latinoamérica la pelean fuerte.

Para muestra basta un botón: en la noche del lunes 21 de junio de 2021, un enorme operativo llegó en patrullas y motocicletas a la casa de Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más reconocidos de Nicaragua.

En su cuenta de Twitter resumió sus sentimientos: a pesar de todo, “nunca podrán confiscar el periodismo. No pueden matar las ideas, ni las voces del periodismo independiente”.

Esa misma noche, tres vehículos permanecieron vigilantes fuera del hogar de su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, hasta las 6 de la mañana del otro día. Lo mismo pasó en los hogares de otros familiares y empleados. Carlos Fernando Chamorro salió del país “para resguardar su libertad”.

Un allanamiento como este no es nada nuevo para él, pero nunca había sido algo tan personal. Al fin y al cabo, en 2018 Daniel Ortega ordenó allanar su medio digital Confidencial. Algo que se repitió en 2021, cuando la Policía ocupó de nuevo esa redacción y la del programa en televisión digital esta semana.