Los Cañada más cerca del juicio por la muerte de Melisa
El miércoles 15 la fiscal, Silvia Gabriele, realizará la presentación de las pruebas ante el tribunal y a partir de ese trámite judicial se podría fijar fecha para la realización del juicio que tiene a los hermanos Cañadas como responsables de la muerte de la joven, Melisa Nuñez.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías confirmó la calificación legal de "hecho culposo”, en relación al derrame tóxico producido en el Barrio Puerto Quequén, en abril de 2015, a pesar de los reclamos de la familia y los recursos presentados por la fiscal Silvia Gabriele, quien alegó que hubo "dolo eventual” y solicitó en su momento la imputación y detención de los responsables de la firma Shipinsuarence S.A.
"Acá existe dolo eventual porque sabían lo que estaban haciendo", manifestó en su momento el abogado de la familia, y argumentó: "Dos personas que hace años que se dedican a lo mismo y manejan este tipo de tóxicos no habrían nunca decidido derramar el veneno hacia las cloacas".
Complicidades del poder político y económico
Tras una investigación de NOVA, se supo que, tanto Fernando Cañada como la empresa Shipinsuarence S.A. al momento del incidente, no contaban con los permisos y habilitaciones requeridas por las reglamentaciones del CGPQ para operar dentro de su jurisdicción.
Cabe mencionar que la empresa tenía cuatro observaciones pendientes detectadas por Prefectura Naval Argentina por lo que bomberos de esa repartición nacional no lo habilitaron para operar.
De acuerdo a la Resolución 01/2013 del Consorcio Gestión del Puerto de Quequén, a los fines de coordinar las actividades que se desarrollen dentro del ámbito de actuación del Consorcio, las distintas empresas prestadoras de servicios portuarios deben registrarse cumpliendo con las exigencias requeridas.
Al momento del incidente, Fernando Cañada no estaba inscrito en este listado por no cumplimentar con la documentación requerida.
Una vez finalizados los trabajos tampoco se exigió a Cañadas presentar a la oficina de seguridad el reporte de la tarea con la respectiva fiscalización de la Prefectura Naval Argentina, certificando el cumplimiento de los protocolos de seguridad por su condición riesgosa en materia ambiental.
A pesar de los protocolos establecidos, el empresario contó con una autorización de vigencia mensual que le permitió ingresar sin cumplimentar trámite alguno ante el Consorcio.
