Es imposible negar "la cancha inclinada" a favor del oficialismo, que cuenta con una caja ilimitada y todo un aparato de comunicación (público y privado) al servicio de su propia campaña electoral. A ello se le suma el uso electoral a discreción de la publicidad oficial, algo que es común a todos los espacios políticos casi sin excepción.

La pregunta del millón es cómo se financian las expresiones locales de los diferentes espacios políticos que, a excepción de La Transformadora, no blanquean o han blanqueado de dónde salen los recursos para sostener las campañas electorales, que en muchos casos hacen alarde y ostentación de fondos contantes y sonantes.

Venta de candidaturas: el kiosco de Juntos en la Quinta Sección

La denuncia contra La Libertad Avanza de Javier Milei por la supuesta venta de candidaturas confirma que esta práctica no es ajena a la política en general y que se da en todos los estamentos.

Poco antes del cierre de listas, una referente de la Quinta Sección electoral cercana a Alberto Assef que vendía las candidaturas locales por la módica suma de 32 mil dólares, fue escrachada por un supuesto candidato mientras negociaba la entrega de una parte del "canon" para poder pagar a la Junta Electoral de Juntos y allanarle al camino.

Los fondos recaudados, según indicó Flavia Batistoni, la recaudadora, se repartían de la siguiente manera: un 20 por ciento para Assef, una parte para la Junta Electoral partidaria, una reserva para la Justicia Electoral y el resto era para financiar la campaña de la propia Batistoni, que aspiraba a ser candidata a diputada provincial, pero cuando se dio a conocer el negociado que traía entre manos, le pegaron un patadón en la retaguardia y quedó en "Pampa y la vía".

Dime quién te financia…

En las mesas de café suelen escucharse nombres de poderosos empresarios locales a los que la política recurre asiduamente para financiarse y casualmente son los dueños de las firmas que se benefician con la obra pública gestión tras gestión.

En el audio al que hicimos mención anteriormente se nombra fuerte y claro a dos de empresarios reconocidos como fuertes "prestamistas" y usureros necochenses: uno de los nombrados es un tal Sutil y otro de apellido Arrate.

La pregunta que queda en el aire es: ¿qué vínculos tiene Juntos con este tipo de personajes? Lo que nos trae a la memoria los dichos de un prominente empresario local (conocido por ser el responsable del hundimiento del Titanic) que declaró oportunamente a boca de jarro ser aportante de la candidata del PRO Eugenia Vallota, la preferida del autodenominado "único diario de la ciudad".

Los gastos de la política en campaña

Uno de los candidatos más fuertes de la ciudad reconoció que una campaña electoral "de primera" con cartelería, folletería, presencia en medios de comunicación, redes sociales, pago a periodistas, repartidores de boletas, fiscales e impresión de boletas ronda los 400 mil dólares. Lo que no se sabe y no se cuenta es de dónde salen los recursos y mucho menos qué compromisos asume la política para financiarse.

Haciendo un repaso rápido y sin profundizar, aparecen algunos números a simple vista: Vallota, que ha mantenido abierto un coqueto local partidario, ahora trasladado a la esquina de 59 y 48, actualmente es la candidata que más recursos ha invertido en publicidad en redes sociales. Entre abril y julio del corriente año lleva gastados 67.100 pesos solo en publicaciones en Meta.

Mauro Velázquez, el "pollo" de Facundo López, hasta ahora puso 55.000 pesos en redes sociales; Martín Migueles, otro candidato de Juntos lleva gastados en el mismo período 45.000 pesos; el intendente Arturo Rojas figura con unos módicos 17.800 pesos, y Damián Unibaso, el candidato radical, acusa 15.000 pesos gastados en publicidad en redes sociales.

Hecha la ley, hecha la trampa

Si bien los partidos políticos están obligados por ley a presentar bajo declaración jurada sus aportantes y los fondos que manejan, los bajos niveles de transparencia y de rendición de cuentas son una constante.

La larga lista de malas prácticas generó una enorme brecha entre lo que marca la ley y su cumplimiento efectivo, y todo hace prever que los abusos se siguen repitiendo. Como dato sobresaliente para tener en cuenta, más del 90 por ciento de las contribuciones declaradas se hacen en efectivo, lo que impide saber si tienen o no un origen ilegal.