Por una consulta habitual suelen cobrar alrededor de 1.300 pesos más el bono de la obra social, mientras que un paciente particular debe abonar 1.500. Los montos varían según la prestación y no entregan factura o comprobante homologado. El pago se realiza en efectivo, "en negro", sumando otro delito impunemente y a la vista de todos.

Otra situación que se reitera es la supuesta falta de turnos para las Obras Sociales, especialmente para los afiliados de PAMI que deben esperar meses para un estudio de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, que cuando realiza el pago del arancel (por supuesto sin factura), el turno se obtiene de un día para otro.

El “plus”, cobro de copagos o aranceles diferenciados, por parte de sanatorios, clínicas, consultorios, laboratorios o cualquier otro prestador de su Empresa de Medicina Prepaga, lo mismo es ilegal y debe ser rechazado.

Los afiliados a las obras sociales tienen la protección que brindan las normas que reglamentan la actividad de las empresas de medicina prepaga (Ley 26.682 – Dcto. Reglamentario 1993), y en específico de consumo (Ley 24240 y sus modificaciones).

El cobro de un “plus” por la realización de una práctica o la prestación de un servicio de asistencia médica, es un doble pago o un aumento encubierto si es tolerado o permitido por las mismas obras sociales, y un primer paso ante un cobro ilegal es la denuncia en la Oficina de Defensa del Consumidor.