Del fallo 117/2018 se desprenden una serie de observaciones que indican un denominador común a la hora de adentrarse en la compleja burocracia municipal, falta de profesionalidad y prolijidad en el manejo de los recursos que, sin duda, provoca un serio perjuicio al erario.

Por citar algunos ejemplos, se detallan una serie de incumplimientos al momento de ponerse en marcha los procesos licitatorios y de concursos de precios que por ley el Estado debe cumplimentar celosamente.

Errores en las notificaciones, fechas de apertura de sobres diferentes a las publicadas, ausencia de plazos de obra y devoluciones adelantadas de las correspondientes garantías, etc. se reiteran con mayor frecuencia, lo que pone en riesgo no solo la transparencia de los actos, sino que también el efectivo cumplimiento de las obras y de la prestación de los servicios.

Asimismo, se visualiza un fuerte cuestionamiento de la política de contratación de servicios profesionales a terceros, contando el propio municipio con recursos humanos idóneos para el cumplimiento de tareas, que sin justificación alguna se busca por fuera.

Con el agravante de que no se detalla el criterio adoptado para llegar a los montos de contratación, en varias áreas se observa el mismo procedimiento. Un ejemplo claro es la contratación de arquitectos para control de obras como el Jardín Pichi Huinca. Se conoce la vasta incorporación de profesionales para controles que bien podría realizar la Secretaría de Obras Públicas.

A mayor abundamiento, se subraya otro ejemplo, la Dirección de Informática contrato personal no avalado por acto administrativo alguno, no se realizó concurso y se pagó más de 500 mil pesos a cuatro personas, no domiciliadas en Necochea, dos de ellos sin antecedentes que acrediten los títulos relacionados con el trabajo encomendado.

Se recuerda en este punto que el trabajo encomendado era la configuración, migración e implementación del módulo ingresos públicos al sistema RAFAM que provocó los desajustes conocidos y sufridos por los contribuyentes en las emisiones de las tasas del año anterior.

Otras desprolijidades manifiestan indolencia en la administración de los recursos humanos, como ser falta de actos administrativos en el movimiento de personal, falta de acreditación de los mismos en los sistemas correspondientes (RAFAM), sumarios inconclusos que no cierran procesos como debería corresponder.

Actuar con la pericia necesaria para que estas observaciones no tengan lugar, quizá no hubiese revertido una falla estructural que posee el Estado municipal, que es una recaudación insuficiente para la satisfacción de la demanda de servicios básicos. Pero la desatención, la indolencia, el dispendio no hace más que agravar un estado de cosas que la política debe solucionar.

Es decir, el intendente Facundo López no ha desarrollado una estructura burocrático-administrativa que haga eficientes los recursos municipales, y no ha sabido plantear una agenda pública de discusión para la obtención de recursos en otros sectores de la comunidad, distintos a los que vienen sosteniendo por años al Estado municipal.

Es más, sin discusión alguna, derogó junto a concejales del Partido Fe una tasa (Tasa Portuaria), que de aplicarse hubiese contribuido a un presupuesto con la robustez suficiente para revertir una ecuación que no cierra.

El ejercicio 2017 no difiere demasiado a lo visto en el 2016. La primera luz de la alarma, que indica que no cierra es que se recaudaron 1.062.626.870,18 pesos y se gastaron 1.258.800.583,74 pesos, generándose un déficit de 196.181.213,56 pesos. El déficit se acumula al de años anteriores y la bola de nieve no para de crecer.

El desafío es identificar dónde se produce el déficit y evaluar por qué se toman determinadas decisiones que no contribuyen a tener una economía sana, que en definitiva redunde en beneficios para un distrito que demanda a gritos soluciones.

Entre ellos los que llaman más la atención, son aquellos gastos que no habiéndose presupuestados aparecen en el compromiso asumido. Por ejemplo en la jurisdicción Intendente, se proyectaron gastos en el ítem Personal Temporario por 4 millones de pesos y luego se asume un compromiso de 13.399.011,40 pesos.

En la misma jurisdicción, ítem Servicios técnicos y profesionales se presupuestaron 260.100,00 pesos y se comprometieron en 1.060.175,15 pesos. En Publicidad y propaganda se comprometieron recursos por 11.058.514,67 pesos cuando ya lo presupuestado era la exorbitante suma de 5.000.100,00 pesos.

Estos ejemplos que insistimos en subrayar, corresponden a la jurisdicción Intendente, es decir son de su exclusiva incumbencia y responsabilidad.

En otras áreas, lo presupuestado y luego comprometido queda exclusivamente reservado al ítem Gasto en personal, por lo que sólo se puede interpretar que son estructuras en pie con la única finalidad de pagar salarios, en las que la razón de ser se justifica por sí solo se visualiza la misma realidad.

En la jurisdicción de la Secretaría de Política Económica y Finanzas Públicas el Gasto en Personal comprometido excede en casi 10 millones de pesos al presupuestado, llamando la atención los correspondientes a personal temporario y servicios extraordinarios.

Así podríamos seguir citando ejemplos que abundan a lo largo de todo el análisis que hemos hecho y se podría entender porque algunos recursos asignados exclusivamente a determinados programas directamente no han sido ejecutados.

Entre ellos 3 millones de pesos asignados al programa de Presupuesto participativo, de los que no se gastó un peso; para el reacondicionamiento de edificio Obras Sanitarias se presupuestaron 700 mil pesos y se gastó 0 pesos; Obra de extensión de redes de agua se presupuestaron 2 millones de pesos y se gastaron 886.141.

El Programa con recursos afectados a la Urbanización de barrios, tuvo un presupuesto de 3.594.295,60 pesos, se gastó 0 pesos; Programa Museo Educativo, construcciones 548.600 pesos presupuestados, sin gastos ejecutados. Una vez más estos ejemplos sirven de ilustración.

La inviabilidad económica del municipio que consume el 57 por ciento de su presupuesto en personal, el 10 en pago de deuda, el 9 en recolección de residuos y el resto en el sistema público de salud, requiere de transformaciones radicales.

Como primera medida debería haber una aguda mirada sobre el gasto improductivo, generalmente relacionado a los compromisos políticos asumidos (indiscriminado ingreso de personal, gastos de publicidad, entre otros).

El principal ataque a la “tasa portuaria” por parte de la sociedad provino de la asunción de que lo recaudado no iba a ser destinado al desarrollo del distrito, reclamando los actores “gravados” un control sobre el gasto. Se perdió una enorme oportunidad.

El Estado debe recuperar la confianza de sus contribuyentes y sólo se recuperara con un estricto control del gasto y un ajuste de las prioridades de una gestión, que de continuar por este camino dejara comprometido el erario a varios gobiernos por venir.

Los pasos necesarios que la actual administración prefirió no dar, privándonos a todos de la posibilidad de transitar un camino de normalidad son la profesionalización de la estructura burocrático administrativa, que respete la carrera profesional de los empleados, sin interponer compromisos políticos; la eliminación de gastos superfluos.

También se cuentan la correcta asignación de recursos sin desviarlos a objetivos de distinta naturaleza para los que fueron determinados; y la transparencia de la administración con la debida publicidad de los actos de gobierno sin confundirse con propaganda.

Revertida esa realidad, habilitaremos un nuevo debate para ampliar la base de contribuyentes que refleje equitativamente la estructura económica del distrito. El desafío es sencillo, requiere del compromiso de asumir la función pública con responsabilidad, honestidad y transparencia.

(*) ex concejales de la Unión Cívica Radical