Al margen de la ley: Miguel Aguilar no quiso declarar en una causa por coacción agravada
La justicia llamó a declaración indagatoria al transportista Miguel Aguilar, titular de ATCADe, imputado por el delito de “coacción agravada por el uso de arma de fuego”. La causa se inició en el año 2015 cuando ingresó a los tiros a un campo de la zona para que los trabajadores abandonaran sus tareas y se pusieran a disposición de Aguilar y sus secuaces.
Según informaron fuentes judiciales, Aguilar se presentó junto a su abogado defensor pero se negó a declarar. La causa por la cual se lo investiga data de principios de 2015. En aquel entonces, según consta en la denuncia que tiene a cargo la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) número 20, a cargo de Horacio Sirimarco; Aguilar, Jurado y otros hombres ingresaron a un campo en la localidad de Lobería, en un transporte con la inscripción de ATCADE en sus laterales, y amedrentaron a los trabajadores rurales con armas de fuego.
En el expediente consta que Aguilar y Jurado tomaron posesión del establecimiento rural, de varias hectáreas, durante varios meses . En ese período, se pudo constatar que se faenaron animales y, una vez que lo abandonaron, el faltante de algunas pertenencias según la denuncia realizada por quien era el propietario de dicho campo y sus empleados.
Aguilar tiene un amplio historial al margen de la ley. Sus primeros registros datan del año 2004 cuando se generó una verdadera batalla campal con ATCOA, que en ese momento agrupaba a los transportistas independientes.
Como crece el poder de ATCADe
ATCADe inicia sus actividades en febrero de 2004. Desde sus primeros pasos, se condujo coercitivamente, bajo violencia o amenazas. Apadrinada por el poder político, esta asociación no conoce límites, nada es suficiente, sin control de la justicia, comienza el camino de la extorsión.
No solo paralizaban las plantas reclamando cupos de transporte para sus asociados en detrimento de los otros transportistas sino que comenzaron a exigir dinero para levantar el bloqueo y permitir el normal desarrollo de las actividades.
Otra forma de extorsión es la oblea que identifica a ATCADe. Bajo amenaza se vende una oblea de pago anual y de esta forma se le permite al transportista ingresar a descargar a Puerto Quequén con el aval de las autoridades portuarias y la justicia que desde hace años miran para el costado permitiendo que esta mafia prospere.
Dos décadas de delito y violencia
La causa que hoy toma estado público no es la única que tiene a Aguilar como protagonista. Según la IPP 995/19, que tramita en la UFI 20, el transportista está acusado del delito de amenazas. Aguilar dañó algunos vehículos y también golpeó a un camionero en el ingreso a la firma Ceres Tolvas, con el objetivo puesto en que ningún camión pudiera cargar o descargar su mercadería.
Dicha causa había sido archivada, ya que la firma y Aguilar habían firmado un acuerdo pero el denunciante no fue parte del mismo y, por ende, por indicación de su representante legal se pidió que la misma fuera desarchivada.
A su vez, se solicitó a la Justicia que se anexara otra denuncia contra el titular de ATCADe por “amenaza y extorsión” (IPP 5476/22).
