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Todo mal para el “Gordo Muzzarella”, titular del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ). De acuerdo a la última sesión del Concejo Deliberante de Necochea, se llevó a cabo una reunión del “Concejo en Comisión” para esclarecer la vinculación del operador K Roberto Porcaro con el caso de Lázaro Báez. El escándalo estalló porque que se habría detectado que a una cuenta de Porcaro y su esposa, Patricia Sirvente, llegó un fondo de un millón de dólares producto de operaciones de lavado provenientes de la sociedad bursátil Financial Net, que a la vez participa de un contrato con el CGPQ.
Los ediles convocaron al actual representante del municipio ante el CGPQ, Alfredo Vidal, a los directores y su presidente, José Luis de Gregorio, que a excepción del primero sólo enviaron excusas formales y no aparecieron a dar las explicaciones que tanto los ciudadanos como los concejales requieren.
Al “Gordo Muzzarella”, tal como apodaron a De Gregorio en el distrito, lo dejaron solo. Cansados de poner la espalda ante la opinión pública por los escandalosos actos de corrupción perpetrados por su ¿ex? referente nacional, los concejales del kirchnerismo decidieron cambiar la estrategia y acoplarse al resto de las bancadas que piden la intervención de Puerto Quequén.
“Si hay denuncias que vayan a la Justicia. Queremos echar luz sobre este tema”, vocifero Noemí Cessio, acérrima defensora del “modelo”. “Estos son nefastos organismos privatistas resabios de los ‘90”, dibujó.
El “Gordo” Muzzarella, acorralado por los medios de comunicación nacionales, investigado por la Justicia y en la mira del gobernador Daniel Scioli, perdió el apoyo político de su propio partido. Como se dice en política, le soltaron la mano y ahora la rema en la más absoluta soledad. Su protector y facilitador político, Roberto Porcaro, tiene sus propias preocupaciones. A él también la Justicia lo reclama…
