El contrato de concesión firmado en el año 2015 durante la gestión de José Luis Vidal y renegociado en octubre de 2016 por Facundo López establecía un monto total de más de 1.100 millones de pesos por la prestación de 12 años de servicio. Actualmente, la empresa reclama deudas por 600 millones de pesos.

Dicho contrato establecía la obligación de la realización del servicio de recolección, transporte y descarga de residuos domiciliarios; la recolección, transporte y descarga de residuos voluminosos; la recolección, transporte y descarga de cestos papeleros, la limpieza de mini contenedores; y la recolección y transporte de envases P.E.T.; la recolección, transporte y tratamiento de pilas; la limpieza de micro basurales, el tratamiento y disposición final de residuo sólido urbano; y lo más importante, la construcción de una planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos.

El único tratamiento que recibe la basura acumulada es la incineración, lanzando al aire una enorme cantidad de gases tóxicos y líquidos contaminantes al río Quequén y a las aguas subterráneas.

Luego de una visita al predio del intendente Rojas, junto a Walter Esbensen, quien adujo ser su propietario, indicó que “remediar este predio va a llevar muchísimo tiempo, pero hay que encontrar una solución… Bajo estas circunstancias y como se recolecta la basura que viene y se tira sin ningún tipo de tratamiento ni disposición, no se puede continuar”.

Según explicó, ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Ambiental, indicando que “lo bajemos al Concejo Deliberante lo antes posible para que se pueda tratar”.

Respecto a cuál sería la solución para este problema, Rojas comentó que “una posibilidad puede ser encontrar un nuevo predio donde empecemos con el tratamiento y la disposición final por parte de la Municipalidad y que la empresa solo haga la recolección”.