Política
¿Qué pasó con los fondos?

Plantean inquietud por los anticipos de obras que no se realizaron

El interrogante se refiere al destino de los fondos depositados por Nación y Provincia. (Foto: NOVA).

El concejal Jorge Martínez, del bloque Compromiso y Trabajo por Necochea, dejó planteado un interrogante sobre el destino de los fondos depositados por Nación y Provincia para la realización de obras en el distrito. Fue durante el tratamiento del reconocimiento de deuda de un comercio local.

En su alocución, Martínez señaló que "hay muchas obras que se han cobrado los anticipos y las obras no se han iniciado o están paralizadas" entre las que cuentan "el anexo del edificio municipal, el natatorio de Quequén, el natatorio de Necochea, la avenida 531, la obra de la avenida 75 paralizada, etc.".

¿Dónde hay un mango, viejo Gómez?

"Manotear" cuanto peso entra a las arcas municipales para pagar sueldos o aguinaldos no es un invento de esta gestión pero según comentan desde el área de Contaduría de la Municipalidad, a López se le va la mano.

Cuentan por ejemplo que a fines del 2018 llegó un subsidio de 2 millones de pesos para la renovación informática del área de salud que se utilizó "para el pago de aguinaldos antes de la fecha que marca la LOM", según expresó el jefe comunal, chocho como perro con dos colas. Casualmente recién seis meses después sale el llamado a licitación de computadoras e impresoras.

"Si estamos haciendo quince cosas en simultáneo, vamos a hacer cinco", dijo el intendente explicando cómo va a cumplir con las obligaciones salariales de los trabajadores. El comentario fue una señal de alarma para los necochenses, que lejos de ver sus impuestos traducidos en obra pública, se ponen al hombro la carga salarial cada vez más pesada que genera la administración de Facundo López.

De los dos mil millones de pesos con los que cuenta la administración municipal para su funcionamiento, poco más del 50 por ciento está destinado a solventar los gastos de personal que incluyen una abultada y creciente plantilla de funcionarios y puestos políticos.

Los proveedores municipales no tienen mejor suerte. Por contrato, están obligados a mantener el precio por 30 días pero "sacan la orden de pago horas antes de que se cumpla el plazo y cobramos en promedio 200 días después".

Recordemos que tras las modificaciones impuestas por la oposición a la Ordenanza Fiscal Impositiva, el Ejecutivo recortó más de 50 millones destinados al pago de deuda con los proveedores.

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