Fernando Cañada asumió la responsabilidad por la muerte de Melisa Núñez
A sala llena comenzó el juicio a los hermanos Fernando y Emiliano Cañada, responsables de la muerte de la joven Melisa Núñez tras un derrame tóxico ocurrido en abril de 2015 en Quequén.
El tribunal está integrado por los jueces Mariana Giménez, Ernesto Juliano y el titular del Juzgado de Paz de San Cayetano Sergio Aguilón; los acusados son asistidos por el abogado Pablo Mariano López, mientras que Mercedes Fernández, madre de la víctima, está representada por Florencia Angeletti.
Días antes del juicio Fernández desde las redes sociales, emitió un sentido mensaje: "Soy una persona sencilla que no quiere venganza sólo justicia y esto es justicia a mi corazón con todo el dolor de una madre".
Por primera vez se escuchó la voz de Fernando Cañada que asumió la total responsabilidad del incidente. Explicó que cerca del mediodía una de las bolsas con photoxin comenzó a incendiarse "yo fui el que dio la orden de que la sacaran del galpón porque adentro había cerca de 3 mil kilos de producto, que estaban envasados y en grado activo podían ser mucho más riesgosos".
Visiblemente quebrado, Cañada reconoció: "Estábamos tratando de controlarlo y con la lluvia torrencial fue imposible controlar nada; se nos fue de las manos, la culpa es mía".
La complicidad política sigue impune
El caso de Melisa Núñez deja en evidencia que la falta de controles y un Estado ausente a la hora de aplicar las reglamentaciones vigentes, fueron determinantes en la explosión que le costó la vida a la joven de tan solo 19 años.
Tras una investigación de NOVA, se supo que tanto Fernando Cañada como la empresa Shipinsuarence S.A. al momento del incidente, no contaban con los permisos y habilitaciones requeridas por las reglamentaciones del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para operar dentro de su jurisdicción. Tampoco estaba inscrito en el listado por no cumplir con la documentación requerida.
Durante todo el 2015, Cañadas llevó adelante sus actividades dentro de Puerto Quequén sin impedimento alguno. Tanto la Prefectura Naval Argentina como el Consorcio permitieron el desarrollo de su actividad de manera irregular y fuera del marco normativo vigente.
Con la complicidad del entonces jefe de Guardia, Artemio Zufriattegui, a partir de enero de 2015, el empresario contó con una autorización de vigencia mensual que le permitió ingresar sin cumplimentar trámite alguno ante el Consorcio.
Según constaba en el libro de guardia, Shipinsuarence S.A. realizó tareas dentro del puerto los días 6 de enero, 28 de enero, 1 de febrero, 4 de marzo, 10 de marzo y 1 de abril de 2015.
