Este lunes comienza el debate en el juicio que imputa a los hermanos Cañada por la muerte de Melisa Núñez, producto de una intoxicación tras un derrame en Puerto Quequén.
Tres años llevó la instrucción de este juicio, tres años de idas y vueltas, de apelaciones, de intentos de cambios de carátulas, de intentos de compra de voluntades, de arreglos económicos, alguno de los cuales hasta hicieron perder la memoria a más de uno, de calumnias, de todo cuanto artilugio legal y no tanto exista.
El objetivo: no llegar a esta instancia o hacerlo de manera atenuada para cumplir. Solo la férrea voluntad y pericia de la fiscal Silvia Gabriele y la lucha llevada adelante por su familia, las feministas, los ambientalistas, y la sociedad, que comprende que en este juicio también se pone en debate la impunidad con que el agronegocio maneja el “pasivo ambiental” que deja en su operatoria.
En tres años no se ha dado la menor muestra de que no vuelva a ocurrir otra Melisa Núñez y sus vecinos damnificados. Ella murió debido a un incidente provocado por un derrame de fosfuro de aluminio en un barrio que se encuentra en el seno de Puerto Quequén por la desidia que otorga la impunidad.
Fernando y Emiliano Cañada tenían un depósito de agrotóxicos en un barrio densamente poblado contraviniendo la ley pero aprobado por la Municipalidad de Necochea, el Ministerio de Salud y por el amparo que otorga la mirada sesgada de la OPDS y el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, el mismo que ahora impulsa la instalación de una planta acopiadora de UAN en los giros 11 y 12.
La causa contra los funcionarios municipales y provinciales, partícipes necesarios de este crimen, duerme el sueño de los “injustos”. Este lunes vecinos y familiares de Melisa, concentraran en 6 y 89, frente a Tribunales, para exigir el castigo a todos los culpables.
