Esto conlleva a la pérdida de aproximadamente 60 puestos de trabajo entre docentes, profesores, preceptores y directivos del distrito, multiplicados por 135 distritos en la provincia, no hay más que hacer la cuenta: 8.100 cargos.

El desembarco del nuevo sistema de licencias, incomprensible aun para la mayoría de las personas que trabajamos en educación y necesitamos disponer de recursos informáticos para poder solicitarlas, no hace más que demostrar la creatividad que tiene la gobernadora para llevar adelante el ajuste, dado que no queda claro cómo se solicitaran suplentes en el caso que sea necesario.

En poco tiempo, si las negociaciones salariales no prosperan, asistiremos a todo tipo de desprestigios hacia los docentes, cuestionarán su vocación, su formación profesional para bajarnos el precio como trabajadores.

Todo esto con la complicidad de los medios de comunicación, quienes podrían recorrer las escuelas para corroboran cómo los docentes y directivos, pintan los salones, realizan capacitaciones, reparten cartas para recibir donaciones y apalear lo que este sistema económico está generando en las familias de la comunidad.

Ahora cabe preguntarse cuál es la posición que toma el jefe distrital y a través de él, el Municipio frente a esta situación. Está claro que la declamación de la defensa de la Escuela Pública es políticamente correcta, pero debería tener correlato en las acciones de los hombres y mujeres que tienen responsabilidad en garantizar este derecho social fundamental para crecer como sociedad.