Tras una investigación de NOVA, se conoció una red de complicidades políticas que hicieron posible que los Cañada puedan operar impunemente. La empresa Shipinsuarence S.A. al momento del incidente, no contaba con los permisos y habilitaciones requeridas por las reglamentaciones del CGPQ para operar dentro de su jurisdicción, sin embargo, ni Prefectura ni las autoridades del Consorcio en ese momento pusieron trabas a su actividad.

Sin fecha para el juicio oral

El pasado miércoles 15 de marzo, la fiscal, Silvia Gabriele, realizó la presentación de las pruebas ante el tribunal y a partir de ese trámite judicial se está en condiciones de fijar fecha para la realización del juicio oral.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías confirmó la calificación legal de "hecho culposo”, en relación al derrame tóxico producido en el Barrio Puerto Quequén, que se llevó la vida de Melisa, a pesar de los reclamos de la familia y los recursos presentados por la fiscal, quien alegó que hubo "dolo eventual” y solicitó en su momento la imputación y detención de los responsables de la firma Shipinsuarence S.A.

"Acá existe dolo eventual porque sabían lo que estaban haciendo", manifestó en su momento el abogado de la familia, y argumentó: "Dos personas que hace años que se dedican a lo mismo y manejan este tipo de tóxicos no habrían nunca decidido derramar el veneno hacia las cloacas".

Este no fue el primer incidente que protagonizaron los Cañada, pero si el más trágico. En el año 2011 y también por un principio de incendio ante un grupo de militantes del veneguismo corrieron hasta el deposito argumentando que “si cae una gota de agua, volamos todos”.

A la distancia Mercedes Fernández, mamá de Melisa, expresó su dolor e impotencia: “Parece que los intereses políticos tienen más peso que la perdida humana que hoy nos toca afrontar y el gran silencio que ellos manejan a su manera; todo está encajonado, cada día estoy más convencida”.