Principalmente, estos giran alrededor de tres ejes: la imposibilidad de realizar habilitaciones de gas, el costoso derecho de conexión que impone la Usina Cooperativa Eléctrica y la disminución de la tasa por derechos de construcción.

En el primero de los casos, producido por la falta de obra en el ramal Barker y que provoca una grandísima limitación a la hora de iniciar una nueva edificación, los funcionarios se comprometieron a continuar gestionando ante la empresa que brinda el servicio y las autoridades nacionales y provinciales, acciones que ya se vienen ejecutando desde el pasado año.

Respecto al precio de los derechos por conexión eléctrica que impone la Usina, en función de la aplicación de una tabla que torna muy onerosa la solicitud a partir de cierta cantidad de unidades construidas, los funcionarios se comprometieron a dialogar con la entidad para resolver el conflicto, dada la importancia de que el sector retome el impulso, para beneficio de gran cantidad de trabajadores.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que el municipio disminuya los derechos de construcción, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que genera el negocio global de la construcción, López se comprometió a trabajar en el estudio de algún tipo de reducción, según la ubicación de los predios y otras características.

Esto sería en función de que un lote que ya cuenta con servicios tenga la posibilidad de hacer rendir mucho más el área servida aportando otra gran cantidad de unidades, e impacte sobre el crecimiento de las tasas, tornándose igualmente beneficioso para el municipio.