Desconocidos ingresaron a su domicilio y dejaron en su vehículo una bolsa conteniendo botella plástica de fosfina, derivado del photoxin, liquido altamente toxico que provoco la muerte de Melisa Núñez, en una clara maniobra de intimidación.

Pérez reconoció que fue una amenaza y que el hecho fue realizado a conciencia, ya que no dejaron huellas ni elementos que permitan detectar la trazabilidad del producto.

Lejos de abatatarse, el referente aseguró sobre la intimidación: “Nos fortalece. Vamos por el buen camino porque estamos molestando, y mucho, a quien están haciendo las cosas mal”.

“La tarea que llevamos adelante obviamente molesta porque estamos hablando de dinero y mucho. Hay gente que no tiene ningún problema en envenenarte para ganar más dinero” concluyó.

Complicidades y silencios tras la muerte de Melisa

Melisa Núñez de tan solo 19 años murió tras ser envenenada en su propia casa por un derrame de una sustancia tóxica denominada photoxin, ocurrido en un depósito cercano a su vivienda.

Los responsables fueron los hermanos Fernando y Lucas Cañadas, propietarios de la empresa Shipinsuarence SA, que cuentan con la protección de un importante y acaudalado caudillo que por estas horas es el abuelo mimado del Gobierno nacional.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías había confirmado la calificación legal de "hecho culposo”, en relación al derrame tóxico producido en el Barrio Puerto Quequén y había considerado "inadmisible” el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Silvia Gabriele, quien alegó que hubo "dolo eventual” y solicitó en su momento la imputación y detención de los responsables de la firma Shipinsuarence SA.

En acuerdo ordinario, los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, doctores Pablo Noel, Hugo Locio y Marcela Almeida determinaron que los hermanos Cañadas serán juzgados por infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos según se conoció en las últimas horas.

Con este pronunciamiento unánime, la Fiscalía que investigó la muerte de la joven oriunda de Corrientes, tiene el camino liberado para elevar a juicio el expediente y los acusados deberán afrontar un debate oral.

Las penas que se establecen en el artículo 55 de la Ley 24,051 a quién por imprudencia, negligencia o impericia "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general" es de 1 mes a 2 años de prisión y si hubiere enfermedad o muerte de una persona, de 6 meses a 3 años de prisión.