Por la mañana de este martes corrió como reguero de pólvora que la Justicia Federal estaba allanando las oficinas del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén en el marco de la investigación por la “Ruta del dinero K” y sus derivaciones en nuestra ciudad.
Por tal motivo el coordinador Administrativo y Legal, Dr. Marcelo Rodríguez Olivera, emitió un comunicado en el que explicó que “en el marco de la causa 2492/2013 caratulada “Imputado: Porcaro, Roberto Florentino s/Infracción Art. 256 Bis – 1º Párrafo, cohecho y cohecho activo”, que tramita por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Necochea, secretaría en lo Criminal y Correccional a cargo del juez Federal Dr. Bernardo Bibbel, se solicitó al Consorcio Información diversa administrativa y contable, que fue debidamente suministrada”.
Por otra parte, el Dr. Rodríguez Olivera dijo que “En el día de la fecha, martes 25 de octubre, a las 9.30 de la mañana, personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina, a cargo del Prefecto Mayor Hugo Raúl García, se presentó en las instalaciones del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén con una ORDEN DE PRESENTACIÓN CON ALLANAMIENTO, REGISTRO Y SECUESTRO EN SUBSIDIO para recabar la documentación solicitada”.
La causa había llegado a un punto muerto. El Juez Bibbel había declarado que “Analizadas las actuaciones y teniendo en cuenta que no se ha podido acreditar con la provisoriedad propia que requiere la etapa de instrucción el presunto hecho ilícito investigado en autos, entiende esta representación pública (el Ministerio Público Fiscal) que de momento no existen diligencias para orientar la misma con ciertas expectativas de eficacia”.
Pero nuevos requerimientos del mediático fiscal Juan José Campagnoli desempolvó la causa y requiere nuevas pericias y actuaciones.
